Seguramente no muchas personas saben que España perpetró un genocidio contra el Pueblo Gitano dos siglos antes del Holocausto Nazi. Sucedió un 30 de Julio de 1749, y es conocido como la Gran Redada o Prisión General de los Gitanos.
Concebido bajo el paradigma de la Ilustración europea del siglo XVIII, y al contrario de lo que parecen sugerir algunas menciones “críticas” autocomplacientes, no se trataba de un episodio arbitrario de maldad, ni una enajenación mental de Fernando VI y sus validos. La Gran Redada, preparada e ideada minuciosamente a través de las reflexiones que suscitó históricamente el tratamiento de “la cuestión gitana”, sólo puede entenderse cómo el culmen a una dinámica de persecución sistemática contra la humanidad gitana. Estamos hablando de cómo se establece una relación de opresión, su tiránica integración, materializada en la Real Pragmática de Medina del Campo dictada en el año de 1499, dando comienzo al epistemicidio histórico mediante la proscripción del modo de vida gitano, de su misma existencia: desde sus medios de subsistencia hasta la forma de vestirse, pasando por la lengua y las vestiduras que les eran propias. Un proceso que tendría su continuación en más de doscientas leyes y proclamas antigitanas que irían estableciendo las dinámicas de opresión y deshumanización mediante las cuales se construye la alteridad del Pueblo Gitano en relación con la nación española.
Llegados a un punto tan avanzado del proceso, fue que los grandes ideólogos detrás del genocidio gitano decidieron ir un paso más allá en su ideal ilustrado: puesto que el Pueblo Gitano había dado en ser un elemento inasimilable a su ideal de progreso, había que extinguirlos físicamente, pues no había un lugar para ellos en el modelo moderno de estado nación proyectado por las ilustradas élites del Reino.
Con el beneplácito de Fernando VI, y tras ser aprobado en el Consejo de Castilla, hubo su presidente, Gaspar Vázquez Tablada, de negociar con la Santa Sede la supresión del asilo sagrado para los gitanos, asunto que no hubo de ser muy costoso, pues en 1748 el mismo Papa Benedicto XIV autorizaba la detención de los mismos incluso si se hallaban en el interior de los templos. Pero no fue sino bajo la tutela de Zenón Somodevilla y Bengoechea, más conocido como Marqués de la Ensenada, que el plan tomó su forma definitiva. El más celebrado de los representantes de la ilustración española, tras descartar alternativas como la dispersión en pequeños grupos por las colonias, estipuló la separación de los varones “mayores de siete años” de las mujeres gitanas, para así de acuerdo a sus palabras: «darles destino con que se impidan tantos daños y extinga si es posible esta generación»
Fue así, tras las sucesivas capturas sincronizadas en todo el país, que se procedió a la separación de los hombres de las mujeres junto a sus hijos menores de siete años, hallando éstas destino en el encierro en fuertes, castillos y casas de misericordia en ciudades cómo Málaga, Gandía, Valencia o Zaragoza, donde aún famélicas y humilladas, organizaron motines e insurrecciones, cómo la liderada por Rosa Cortés en enero de 1753. Respecto a los kalos de más de siete años, quedó dispuesto su traslado a los arsenales del Reino, como los de Cartagena, Ferrol y Cádiz, así como las minas de Almadén, Cádiz y Alicante, donde serían forzados en condiciones de esclavitud y penuria: expuestos a los metales pesados que se respiraban en las minas, muchos murieron o enfermaron para el resto de sus vidas. El frío, el hambre, la enfermedad y el castigo físico los acompañaban mientras les quedase un hálito de vida, azuzados sin piedad por la fusta de sus verdugos a trabajar sin descanso en la construcción de nuevos navíos para reformar la Armada Española, urgentemente necesaria para los intereses del Reino ahora que las galeras habían sido abolidas. Destino donde, por cierto, también fueron forzados numerosas veces los gitanos a lo largo de la historia, por faltas criminales como el viajar siendo más de dos, o hablar la lengua romaní.
De una población que el historiador Manuel Martínez Martínez cifra en 11000 en el momento de la redada, se estima que fueron al menos 9000 los apresados por la operación, número al que habría que añadir todos los que murieron durante el proceso y los que lograron huir. Una vez puesta en marcha la operativa del genocidio gitano, la negligencia con la que fue ejecutada, pero sobre todo la nula disposición que mostraron los kalos y kalis a hacer rentable su aprisionamiento, posibilitó la liberación progresiva de aquellas familias que pudieron demostrar tener “una vida normalizada”, es decir, que servían en mayor grado a la manutención de las economías locales -si encerrados no le sacaban el beneficio esperado, había que seguir explotándolos cómo a hasta entonces- siempre y cuando hubieran abandonado sus señas identitarias en un desesperado intento por existir. Sin embargo, faltarían todavía dieciséis años para la liberación de los más desafortunados el 6 de julio de 1765, fecha en la que se daría la orden definitiva de liberar a todos aquellos que aún seguían presos, si es que aún seguían vivos.
Una libertad que no les eximió de los traumas, la ruina económica –todos sus bienes fueron expoliados y subastados tras las detenciones- ni el temor a manifestar su propia existencia, a decir si quiera una palabra en la lengua que les era, aun entonces, materna: el romanó. Pues nunca dejaron de correr el riesgo de ser apresados nuevamente, cómo sin duda sucedió en numerosas ocasiones. Fueron dieciséis años de penuria y muerte, dieciséis años de familias rotas, de vidas subalternizadas, dieciséis años que dejarían una herida que más de dos siglos después aún no ha podido sanar. Daños cuyas consecuencias se perpetúan en los kalos contemporáneos: la negación sistémica de la otredad gitana, la inferiorización racial y cultural, la opresión y el expolio que perpetuán a través del tiempo el racismo y las miserias de éste derivadas.
Para el año de 1772, una vez demostrada la poca rentabilidad del genocidio físico, el nuevo monarca Carlos III promulgará una serie de nuevas medidas que, camufladas de benevolencia mediante el reconocimiento legal de la ciudadanía española de los kalos y la proclamación de libertad de residencia en los territorios estatales, no tenían otro fin sino el de continuar la dominación histórica del Pueblo Gitano, el cual se vería en la tesitura de renunciar por completo a toda singularidad, pues a las prohibiciones sobre la lengua y el vestido, se sumaba la penalización de decirse gitano o diferente, poniendo sobre los hombros de los mismos gitanos la culpa de su diferencia y del castigo que les sería impuesto por ello.
Al igual que sucedió con otras poblaciones colonizadas por el estado español, como por ejemplo con aquellos estratos sociales de los pueblos originarios de Abya Yala que podían serles útil en el momento de la conquista, los “castellanos nuevos” –como serían referidos de ahora en adelante los gitanos- serian obligados a ponerse bajo el control y la supervisión de la Iglesia Católica, órgano estatal que velaría por el adecuado cumplimiento civil y religioso de estos nuevos “ciudadanos por derecho”, constituyendo la colonización cultural definitiva del pueblo gitano en el corazón mismo del Reino.
Cómo mencionábamos al comienzo de éste artículo, no es un episodio, el de la Gran Redada, cuyo conocimiento sea demasiado extendido. De hecho, puede uno doctorarse en Historia por prácticamente cualquiera de las universidades españolas sin tener noción alguna de los hechos aquí narrados. Sólo en años muy recientes, la labor de algunos activistas, organizaciones y estudiosos, con distinto grado de compromiso, se han esforzado en difundir y esclarecer éste oscuro episodio de la historia de España, en un intento de restaurar con ella algún rescoldo de memoria histórica gitana.
Es ésta la historia de un episodio, como sus propias víctimas, invisibilizado a través de los siglos. Una historia que ningún niño gitano puede encontrar en los libros de texto de la escuela, pues no hay sitio para la historia de los Otros en la historia de la blanquitud que es conocida cómo Historia Universal.
Es cierto que en años recientes se han propuesto, puede que incluso llevado a cabo, proyectos para la inclusión de la “historia del pueblo gitano” en el currículo educativo, pero siempre mediante programas que segregan nuestra historia cómo nos segregan las políticas públicas en barrios y escuelas gueto. Cómo un dossier de contenido extra, más enfocado a “combatir estereotipos” desde una óptica paternalista que a dar a nuestra historia el lugar que le corresponde legítimamente para restaurar su dignidad.
La respuesta al porque de éste modus operandi, se encuentra en que resituar la historia de los gitanos en el gran libro español de historia nacional supondría el cuestionar los modos en que el estado ha construido su relación con nosotros, implicaría la necesidad de deconstruir las dinámicas de dominación sobre las que ha construido nuestra subordinación, el retirar de nuestros hombros la culpa de nuestra desgracia, y, más importante, implica el reconocer la necesidad de abolir la ideología de la integración, bajo cuyas lógicas se determina todavía la manera en que el estado se relaciona con nosotros. Reformar la historia de la modernidad española supondría tomar la responsabilidad de saldar la deuda de reparación histórica que nos es debida como pueblo, como ciudadanos legítimos de ésta nación.
Como no es difícil de imaginar, un ejercicio de deconstrucción de semejantes características supondría un elevado coste en perdida de privilegios a las instituciones estatales, y es ésta la razón por la cual no es probable encontrar en su ánimo buena disposición para realizarlo. Pero no debe haber lugar para el conformismo, pues sólo en ese camino, en el del reconocimiento de nuestra historia y nuestra humanidad, es donde pueden atacarse las raíces sobre las que se sostiene el antigitanismo, sólo mediante la vía del reconocimiento y la reparación se puede solventar la problemática de la cuestión paya: la cuestión del racismo sistémico que subyuga y desvaloriza las vida de los gitanos y gitanas de éste país. Y es por ellos que mientras no se introduzca en condición de autentica igualdad la historia de nuestro pueblo que no se estará poniendo freno alguno a la perpetuación del racismo antigitano.
